Hoy en EL PAÍS

Ha muerto Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante casi siete décadas. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de las protestas por la vivienda y su muerte llega en un momento en el que el conflicto por el acceso a la vivienda se traslada también a las instituciones y a las organizaciones sindicales.

El Gobierno lleva a la Diputación Permanente sus medidas de vivienda después de que los dos reales decretos fueran rechazados por el Congreso el 2 de octubre. El Ejecutivo asegura que los nuevos textos incorporan cambios técnicos, pero mantiene el núcleo del paquete: incentivos fiscales para propietarios e inquilinos, préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la primera vivienda, 280 millones en avales para aumentar la oferta, 400 millones para los proveedores de vivienda social y medidas para ampliar el parque público. También se mantienen las restricciones a determinadas operaciones de grandes inversores y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
Al mismo tiempo, los principales sindicatos, entre ellos CC OO y UGT, han acordado convocar una huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre, junto a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y otras organizaciones sindicales como ELA, LAB y CIG. Será el primer paro general respaldado por los grandes sindicatos de clase en 14 años y se celebrará apenas dos semanas y media antes de las elecciones generales y un día antes del inicio oficial de la campaña electoral. La convocatoria llega en plena presión social por el acceso a la vivienda y después de las movilizaciones de los últimos días.

El Tribunal Constitucional ha dado este martes un paso decisivo para que Carles Puigdemont pueda regresar a España. Por siete votos frente a cinco, ha avalado la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación en el caso de la exconsellera Dolors Bassa y ha considerado que el Tribunal Supremo interpretó de forma incorrecta la excepción de la ley referida al “enriquecimiento personal”. El Constitucional ordena al Supremo que revise su decisión. El juez Pablo Llarena ha reaccionado dejando provisionalmente sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, pero todavía no les ha aplicado formalmente la amnistía.
Puigdemont, por tanto, está más cerca de poder volver, pero su situación judicial todavía no está completamente cerrada. Llarena tiene que recibir la sentencia íntegra del Constitucional y decidir sus consecuencias; después deberá resolver sobre la aplicación de la amnistía y el cierre de la causa. Puigdemont lleva en Bélgica desde octubre de 2017, cuando huyó después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Desde allí siguió liderando Junts y, en 2023, su partido fue decisivo para la investidura de Pedro Sánchez a cambio del compromiso de aprobar la ley de amnistía.

La carrera electoral será una carrera de fondo hasta el próximo 29 de noviembre. Y va a estar marcada por la polarización y por una pregunta muy concreta: ¿Qué pueden hacer los políticos para que tener un hogar deje de estar fuera del alcance de tanta gente? En este episodio de Hoy en EL PAÍS, el analista de datos Kiko Llaneras, nos cuenta qué dicen las encuestas.
“La foto de antes de la convocatoria electoral muestra un electorado muy derechizado. La suma de votos de PSOE, Sumar y Podemos es poco comparado con la suma de PP y Vox. Ahora mismo, las encuestas los colocan con 15 o 16 puntos de ventaja, que es una ventaja que la derecha nunca había tenido en las encuestas”, explica Llaneras.
Aún así, para José Marcos, que sigue la información del PSOE, el partido recibe el anuncio con alivio y ánimo recobrado: “Entienden que esta convocatoria se produce en el mejor momento posible tras muchísimos meses de problemas”, asegura. Además, analizamos cómo arranca la campaña cada partido y cuáles son las posibilidades de que la situación cambie lo suficiente como para que los resultados electorales sean distinto a lo que ahora prevén las encuestas. Escuchamos a los periodistas José Marcos (que cubre al PSOE), Elsa García de Blas (que cubre al PP), Miguel González (Vox) y Paula Chouza (Sumar, Podemos).

CRÉDITOS:
Realiza: Verónica Figueroa
Diseño de sonido: Ignacio Taboada
Presenta: Ana Fuentes
Dirige: Ana Alonso
Coordina: José Juan Morales
Sintonía: Jorge Magaz
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El dato de inflación de septiembre es el más alto desde febrero de 2023, en plena guerra de Rusia contra Ucrania. El dato actual tiene muchas causas, principalmente la crisis energética a causa de la guerra de Irán y de las restricciones en el Estrecho de Ormuz. Pero, aunque la gasolina esté rondando los 2€ por litro en muchos puntos de España, si miramos a los últimos 5 años, los alimentos se han encarecido a más velocidad que la inflación general en nuestro país. Para paliar esto, el Ayuntamiento de Barcelona prevé abrir antes de 2028 un supermercado asequible municipal.
El alcalde, Jaume Collboni, lo anunció aprovechando un encuentro en Nueva York con Zohran Mamdani. De momento, son todo fotos, titulares que le vienen bien a la política. ¿Pero esto se puede hacer? ¿Puede la Administración intervenir de verdad en los precios de los alimentos? ¿Qué opinan los expertos? ¿Y los pequeños comerciantes? Descúbrelo en este episodio del podcast de Hoy en EL PAÍS en el que hablamos con los periodistas Luis Doncel y Lluís Pellicer.

CRÉDITOS:
Presenta: Ana Fuentes
Realiza: Víctor Rojo
Diseño de sonido: Oskar Bogdanowicz
Dirige: Ana Alonso
Coordina: José Juan Morales
Sintonía: Jorge Magaz

El miércoles 23 de septiembre la policía ejecutó por orden judicial el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la casa de Madrid en la que había vivido durante casi toda su vida pagando un alquiler asequible. En España se llevan a cabo decenas de miles de desahucios cada año, pero este ha sido diferente. Las movilizaciones contra la empresa que la desalojaba, Urbagestión, y contra las leyes y administraciones que los amparaban se desataron por España, con mucha fuerza en una acampada en la Puerta del Sol que recuerda al 15-M. El Gobierno, en una situación muy delicada encarando el final de la legislatura, se apresuró en menos de una semana a acordar dos reales decretos-ley con medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda. Este viernes se votan en el Congreso. La aritmética parlamentaria, de nuevo, ha quedado en manos de Junts, que ha anunciado que los rechazarán. Y sin ellos, no saldrán adelante.
Con información de Paula Chouza, periodista de EL PAÍS que sigue la información de Sumar; Carlos E. Cué, que sigue la información del Gobierno; y Xosé Hermida, corresponsal parlamentario en el Congreso de los Diputados.
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Dirige: Ana Alonso
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